Podría pensarse que la condena al expresidente Lula es una prueba del republicanismo del juez Sergio Moro. Sin embargo,el célebre jefe de la “Lava Jato” hace rato viene actuando con parcialidad política.

En marzo de 2016 ordenó arbitrariamente la conducción policial de Lula para un interrogatorio y por esos mismo días, filtró a la TV Globo un audio recaudado dentro de sus investigaciones en el que la Presidenta Rousseff y Lula conversaban sobre la nominación de este último como jefe de gabinete; audio que fue utilizado para ambientar el golpe parlamentario de finales de agosto.

A pesar de la corrupción de la clase política brasileña, Moro ha sido implacable con la élite del PT, pero timorato con la corrupción de los líderes del PSDB, poderoso aliado del gobierno Temer (PMDB).

Llama la atención la impunidad de que ha disfrutado el senador Aecio Neves delatado reiteradamente en la Lava Jato.

En la reciente absolución de Claudia Cruz, esposa del expresidente de la Cámara destituido por corrupción, quien gastó parte de los sobornos pagados a su marido en bolsos y zapatos de lujo, Moro argumentó desde falta de pruebas hasta que la acusada no tenía por qué saber el origen del dinero que manejaba en sus cuentas en el exterior.

Su ponderación fue mucho más ligera al condenar a Lula da Silva por lavado de activos y corrupción con la extravagante teoría de la “propiedad de hecho”, dado que en el expediente no obró el registro de propiedad u otras pruebas que demostraran la titularidad del expresidente en relación con el apartamento de Guarujá que habría sido fruto de ilícitos en Petrobras.

No se trata de defender a Lula, quien encabeza las encuestas para las presidenciales en 2018, sino de señalar que la selectividad en la ejecución de la Lava Jato ha sido funcional a los intereses de la coalición de políticos corruptos y plutócratas, que aglutinados en torno al PSDB y el PMDB, sustentan el impresentable gobierno Temer y su agenda de reformas austericidas.

Por: Alexander Arciniegas Vanguardia.