Desde la convocatoria realizada en 1989 por el colectivo estudiantil La Séptima Papeleta, para que se incluyera en las elecciones programadas para marzo de 1990 la opción de una Asamblea Nacional Constituyente, Colombia no experimentaba un debate político como el que hoy se vive a causa del Plebiscito del 2 de octubre.  Este es un hecho que no puede desestimarse, ya que un país azotado por la confrontación armada, la violencia desmedida y el uso del miedo como vía resolutoria de conflictos, acostumbrado por demás al silencio y a la indiferencia, hoy tiene de nuevo la oportunidad de discutir, opinar y actuar respecto a su futuro.

Es cierto que como sociedad, en Colombia no estamos habituados al debate amplio, abierto y crítico; que los años de muerte y horror han desecado nuestra fe en la democracia y en la participación como forma de construcción de país; también es cierto que las prácticas políticas corruptas, clientelistas y bipartidistas han dejado una nefasta huella de desconfianza y desengaño; sin embargo, la contundencia del hecho histórico que hoy vivimos debe convocarnos de inapelablemente a la reflexión y a la acción.

Y es que no se trata de un actor menor el que decide negociar su forma de participación política, por el contrario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP – se han consolidado durante más de 50 años, como uno de los grupos guerrilleros más grandes en número de combatientes, en capacidad bélica y en formación política de sus tropas, lo que los ha identificado también por su lucha radical contra el gobierno y las clases políticas del país. Contraria a la idea difundida por los duopolios comunicacionales locales, es necesario decir que las FARC-EP es después de tantos años, un actor con capacidad militar y reconocimiento en comunidades rurales del país y sectores políticos internacionales. De ahí que las negociaciones con el Gobierno nacional adquieren una mayor relevancia y que para el país represente efectivamente un tránsito histórico de la lucha armada a una participación política no violenta por parte de las FARC-EP.

Con lo anterior, conviene aclarar que el SI en el plebiscito no es de ningún modo una acción afirmativa por las FARC-EP o por el Gobierno nacional, no se trata de votar por uno u otro como opciones, ni esperar que nuestro SI se convierta en garantía de las promesas firmadas en los acuerdos; se trata fundamentalmente de apoyar la participación política no violenta, el debate franco y abierto por el proyecto de país que queremos, acogiendo las diferencias, asumiendo las divergencias como herramienta cardinal de cuestiones que hoy definen nuestro presente y futuro como nación.  Consecuentemente, el SI implica también la manifestación de una disposición subjetiva y colectiva a insertarse activamente en la construcción de la paz estable y duradera que anhelamos, desde los territorios, en la recuperación de lo rural y la reformulación de la convivencia en las ciudades, en la discusión de los modelos económicos locales y globales, en el compromiso con la sociedad “democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, como lo consagra en el artículo 1 de la Constitución Nacional de Colombia.

Por todo ello, votar por el SI este 2 de octubre no solo es una necesidad, es la expresión de nuestra responsabilidad ciudadana con la transformación del país que tenemos en la nación que queremos, la manifestación de nuestro compromiso con la construcción de la PAZ que anhelamos.

Alexandra Agudelo López. Coordinadora Maestría en Educación y Derechos Humanos Universidad Autónoma Latinoamericana. Nº 7/5 – Septiembre 2016. 

Fonte: CLACSO